Publicado: 22 de Julio de 2014

Dada la necesidad de readaptación a la que se ven sometidas las empresas por la cambiante coyuntura económica, las dificultades en el afrontamiento de pagos por la disminución de la cifra de negocios, la rigidez de los costes fijos y la demora en el cobro a clientes, en muchos casos tales dificultades derivan en situaciones de insolvencia y suspensión de pagos. Ya sea por solicitud  o intervención judicial, la administración concursal en gran parte de los casos es una etapa previa a la liquidación de los activos y disolución de la sociedad, cuando no puede garantizarse su reflotamiento en una etapa posconcursal, Los acreedores deben disponer de informaciones precisas para acometer sus reclamaciones con garantías de éxito, para lo que cuentan con los informes del Detective Privado. Su labor en estos casos se centra en la identificación de elementos patrimoniales que sirvan de respaldo para el pago de la deuda, localización, estado y señalamiento de bienes susceptibles de inmovilización y embargo, ya residan como patrimonio personal de los administradores o como activos societarios en forma de participación en otras empresas. La finalidad por tanto del informe patrimonial, desde el punto de vista mercantil es conocer en profundidad el ámbito  patrimonial y de intereses mercantiles de los deudores, bajo distintas formas de tenencia y representación, más allá de la titularidad directa.