Publicado: 31 de Octubre de 2013 a las 10:46

                                              

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Referencias legales y jurisprudenciales. Otras cuestiones de materia legal.

 

1.     -  Introducción

 

Al inicio de la transición democrática se regula la profesión del Detective Privado a través la Ley de Seguridad Privada y su desarrollo, marco jurídico que se configura del siguiente modo: 

  • Ley 23/1992, de 30 de Julio, B.O.E. n° 186 de 4 de Agosto de 1992,
  • Real Decreto2.364/1994, de 9 de Diciembre, B.O.E. n° 8 de 10 de enero de 1995 y corrección de errores en B.O.E. n° 20, de 24 de enero de 1995.
  • Orden Ministerial de 7 de julio de1995, B.O.E. n° 169 de 17 de julio de 1995 y corrección de errores en B.O.E. n° 220, de 14 de septiembre de 1995.

Con posterioridad se promulga la Resolución del Ministerio de Justicia e Interior, con fecha 19 de enero de 1996, B.O.E. de 31 de enero, que regula las materias a impartir en los Institutos de Criminología para la obtención del título de Detective Privado.

En  el  RD123/2001,  de  19  de  octubre, se modifica parcialmente  el  Reglamento  de  Seguridad  Privada, aprobado  por  Real  Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre


2.-   El Detective Privado

 El Detective Privado es aquella persona física legalmente capacitada para realizar investigaciones de carácter confidencial de y para personas físicas o jurídicas. Es un profesional cualificado para la obtención de datos y elementos de prueba que adquieren plena validez jurídica con su aportación y ratificación en los tribunales.

Los Detectives Privados son orientados en su labor por sus Colegios Profesionales de Detectives Privados y asociaciones como la Asociación Española de Detectives Privados y la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE). Su actividad profesional es regulada y fiscalizada por el Ministerio del Interior, mediante la Dirección General de Policía.

Para la realización de dichas actividades, la Ley exige la disposición de una tarjeta de Identificación Profesional o Licencia Oficial de Detective Privado, emitida por el Ministerio del Interior a aquellos que reúnan los requisitos exigidos por la Ley, entre los que se incluye al menos una diplomatura universitaria de 3 años de duración relacionada con materias específicas de investigación y Ciencias de la Seguridad. La realización de las actividades propias de los Detectives Privados por personas carentes de la licencia del Ministerio del Interior, constituye una infracción muy grave castigada con multa desde 30.000€, con independencia del posible procesamiento del responsable en vía penal por delito de Intrusismo Laboral y en vía civil por quebrantamiento del derecho al honor, imagen e intimidad de una persona.

Del mismo modo, incurre en infracción quien solicite los servicios de aquellas personas que no se encuentren habilitados como Detectives Privados, siendo conocedores de tal situación.

La legislación en materia de seguridad privada establece que los detectives privados pueden trabajar como titulares de agencias propias o como trabajadores dependientes de alguna agencia, pero siempre con su correspondiente licencia. Las Agencias pueden abrir sucursales, al frente de las cuales debe estar otro detective privado diferente, siendo irregulares aquellos despachos de detectives que utilizan la misma licencia de detective para el establecimiento principal y las correspondientes sucursales.

El  Tribunal  Supremo  define  a  los  detectives  privados  como  testigos privilegiados o con documentos y añade en diferentes sentencias que es "un instrumento dotado de exclusividad para el eficaz control por el empresario de los deberes exigibles al trabajador" (STS 6-11-90). Esta misma sentencia dice que "el testimonio emitido por los detectives privados tiene, a favor de su veracidad, no sólo la garantía  de profesionalidad  exigible y en principio también presumible, en una profesión reglamentada legalmente, sino también de la que, de modo innegable, proporciona la precisa y continuada dedicación al objeto del ulterior testimonio a emitir y las complementarias  acreditaciones gráf icas o sonoras de que puede ir acompañada".

"La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera legal que un organismo público contrate a detectives privados para investigar a sus funcionarios públicos durante su horario laboral, ya que ello no vulnera el derecho a la intimidad". (STS 12-05-98).


 3.-   Funciones del Detective

El artículo 101 del Reglamento de Seguridad Privada establece que, los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas tienen como cometido:

a)  Obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados.

 b)  La investigación de delitos Privados perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legítimos afectados en el proceso penal.

c)   De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.

A los efectos del presente artículo, se considerarán conductas o hechos privados los que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.


4.-   Obligaciones del Detective Privado

El Detective Privado tiene la obligación para el ejercicio de su profesión de poseer la licencia correspondiente o Tarjeta de Identificación Profesional que expide el Ministerio del Interior, y estar inscrito en un Registro Especial de la Dirección General de la Policía. Entre otros requisitos formales y legales para habilitación y ejercicio profesional, debe comunicar a este organismo la apertura del despacho principal y si hubiera sucursales y el pago de las correspondientes tasas, en las cuales deben figurar las licencias que a cada sede correspondan.

El Detective Privado tiene la obligación de devolver la Tarjeta de Identidad al Ministerio del Interior cuando transcurrido un tiempo no ejerza como tal.

 Los detectives no podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido relacionados con dichos delitos. En ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios personales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones (Art. 102 RSP).

Los detectives privados  están obligados  a guardar absoluta confidencialidad de las informaciones privadas de sus clientes y de las investigaciones que realicen y no podrán facilitar datos sobre éstas más que a las personas que se las encomienden y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.

5. -  Responsabilidad

 El artículo 110 del RSP establece que los detectives privados responderán civilmente de las acciones u omisiones en que, durante la ejecución de sus servicios, incurran los detectives dependientes o asociados que con ellos estén vinculados.

Además el artículo 403 del Código Penal regula el delito de Intrusismo Laboral para quien ejerciere actos propios de una profesión sin poseer la correspondiente habilitación y el título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente.


6. -  Informes e investigaciones que puede realizar un Detective Privado

   Informes de solvencia sobre personas físicas o jurídicas, relativos a aspectos financieros, económicos y comerciales, identificando la titularidad de bienes muebles e inmuebles y su situación jurídica, participación en sociedades etc..

-  Investigaciones sobre trabajadores que realizan conductas de competencia desleal, bajas fingidas, absentismo y otros incumplimientos.

-  Seguimiento   sobre   personas   que   fingen   secuelas y lesiones,   incapacidades temporales o definitivas.

-  Instalación  de equipos de registro y grabación y  vigilancia   en  empresas,  establecimientos comerciales etc. para observar la  actividad  de  empleados  o trabajadores  con conductas sospechosas que evita los hurtos en el área empresarial. Se obtiene de esta manera por parte de un profesional acreditado, objetivo e imparcial, las pruebas definitivas para un despido procedente. Es muy importante para que el letrado obtenga una sentencia favorable que la instalación de cámaras de vigilancias se realice en aquellas dependencias del centro de trabajo que la legislación laboral permita y que éstas estén homologadas e instaladas por Agencias de Detectives Privados. 

La instalación  de  cámaras  por parte  de  particulares,  empresarios  o  empresas de seguridad podría vulnerar la legislación vigente o no servir como medio de prueba en el acto del juicio.

-  Informes de arrendamientos que prueben posibles actividades ilícitas, subarriendos, identidad de los arrendatarios y acreditación de la verdadera residencia de los inquilinos.

-  Investigaciones en el área familiar sobre régimen de guardia y custodia de menores, así como el cumplimiento de régimen de visitas, modificaciones de medidas en la pensión compensatoria y alimenticia de los convenios reguladores de separaciones o divorcios, detección del consumo de drogas o alcohol, ludopatía o comportamientos anómalos.

En las aceptaciones de herencias se buscan bienes muebles e inmuebles, así como personas ausentes o desaparecidas.

  Pruebas periciales polígrafo, grafología y documentoscopia. Recogidas de muestra de paternidad y otras.

-  Vigilancia en hoteles, congresos y otros edificios públicos, contra-vigilancia y contraespionaje industrial.

-  Informes que prueben la parcialidad y falso testimonio de testigos en el acto del juicio.

7. -  Presentación del Informe y Ratificación Judicial

 

Los informes del Detective privados presentan  por  escrito  todas  las  circunstancias constatadas cronológicamente, datos obtenidos y de hechos observados, aportando los documentos físicos o testimoniales, con elementos gráficos de apoyo como reportaje fotográfico y grabaciones sonoras y vídeo. 

Los informes profesionales son objetivos e imparciales y no quedan vinculados por el encargo del cliente. Es prueba de la  absoluta imparcialidad que los honorarios varían en función del tiempo empleado en la investigación, no en relación con el resultado o beneficio que obtenga el cliente.

La ratificación judicial es siempre obligatoria en los casos en que el informe se presente en juicio o procedimiento judicial. La falta de ratificación del mismo o la presentación de una persona que no tuviera o no mostrase su Tarjeta de Identidad Profesional de Detective Privado invalidaría el documento, sin perjuicio de deducir otro tipo de responsabilidades civiles o penales contra esta persona que se presenta como detective o la parte que encargó los servicios.

8.-   La labor del Detective Privado como medio de prueba

Para que el informe del Detective sea admitido en el juicio, así como su acto de ratificación judicial y por lo tanto el órgano que juzga considere válidos documento y testimonio, se precisa de los siguientes requisitos:

Que el Requirente (Cliente) del informe tenga una relación personal, contractual o jurídica con la persona investigada.

Que el informe sea realizado por un Detective Privado con tarjeta de identificación profesional del Ministerio del Interior. La legislación en materia de seguridad privada no autoriza a otros posibles profesionales para tales cometidos, como las figuras del auxiliar o el investigador mercantil, por lo que debe exigirse la licencia de Detective Privado, único profesional legitimado para realizar trabajos de investigación privada. Que se realice por los medios que establece la legislación vigente, (CE, LOPJ, CC, CP, LEC, L.O.P.D., LSP, RSP).

Que el Detective Privado que ha realizado el informe lo ratifique en el acto del juicio o procedimiento judicial.

El artículo 1.215 del Código Civil establece que las pruebas pueden hacerse: por instrumentos... El TS en Sentencia 5 de julio de 1984 ya estableció que en la voz "instrumentos" utilizada por el CC en el artículo 1.215 puede ser comprendido como medio de prueba el vídeo, ya que al ser una reproducción de imágenes de lo que se está viendo, permite, mediante la posterior observación de lo que se proyecta, conocer lo acaecido, siempre sometido a la apreciación de que de ello haga el Juzgador, valorándolo. Que una prueba sea admisible en derecho no significa que por ello haya de ser practicada, como ocurre en el caso respecto a la prueba de vídeo propuesta, porque la razón de la inexistencia de medios para la proyección podría ser suficiente para su rechazo, pero no cuando se pone a disposición del Tribunal el medio adecuado para ello, ya que entonces falta la razón suficiente para la denegación.

Otra sentencia del TS de 6 de mayo de 1993 establece que no están vedados los sistemas mecánicos de grabación de imágenes y su utilización debe realizarse dentro de los márgenes marcados por el respeto a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. Los derechos establecidos por la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982 reguladora de la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, no pueden considerarse absolutamente ilimitados. El material fotográfico y videográfico obtenido en las condiciones anteriormente mencionadas y sin intromisión indebida en la intimidad familiar tienen un innegable valor probatorio, siempre que sea reproducido en las sesiones del juicio oral.

(La STS de 17 de julio de 1984, 5 de febrero de 1988, 30 de noviembre de 1992 entre otras).

 La ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil establece en el artículo 265. Documentos y otros escritos y objetos relativos al fondo del asunto.- A toda demanda o contestación habrán de acompañarse:

Los  informes,  elaborados  por  profesionales  de  la  investigación  privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquellas apoyen sus pretensiones. Sobre  estos  hechos, si  no  fueren  reconocidos  como  ciertos,  se practicará prueba testifical.

 En la sección octava. De la reproducción de la palabra, el sonido y la imagen y de los instrumentos que permiten archivar y conocer datos relevantes para el proceso. Art. 382. Instrumentos de filmación, grabación y semejantes.

Valor probatorio. 1. Las partes podrán proponer como medio de prueba la reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes. Al proponer esta prueba, la parte podrá acompañar en su caso, trascripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y que resulten relevantes para el caso.

La normativa jurídica actual amplía los medios de prueba que éstos utilicen, dado que reconoce no sólo las palabras e imágenes como medio de prueba válido, sino también los sonidos.

9.-   Relaciones entre, cliente, el detective privado. El letrado

El Cliente, en todo caso persona legitimada y debidamente acreditada para requerir de los servicios profesionales del Detective, solicitará por escrito en documento tales servicios, mediante contrato o solicitud de Investigación, referente a circunstancias concretas, hechos, personas físicas y jurídicas con las que exista relación manifiesta. Este documento faculta al Detective para efectuar su labor, en ningún caso indiscriminada o aleatoria. En tal documento y acuerdo al que están sujetos ambas partes, se detallarán sus términos de cumplimiento y de naturaleza económica, como honorarios y otros desembolsos, según tarifa y presupuesto.

El detective adquiere el compromiso de ratificar tales informes en la instancia precisa, recibiendo por ello la remuneración correspondiente.

 El letrado, que tiene como misión defender los derechos de su cliente, debe exigir al detective privado que le muestre la Tarjeta de Identidad Profesional de Detective Privado expedida por la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior. El abogado ha de informar a su cliente sobre la infracción de contratar a personas que ilegalmente están ejerciendo esta actividad, advirtiéndole de las responsabilidades civiles y penales en que el cliente pudiera incurrir al contratar este tipo de personas, quienes pudieran utilizar los datos de los clientes para fines ilícitos. Deben además asesorarle sobre los aspectos del contrato o presupuesto que firmen su cliente y el detective.

En un juicio o procedimiento judicial el abogado al que se le presente en contra un Detective Privado debe exigir a este profesional que muestre su Tarjeta de Identidad Profesional expedida por la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior, en caso contrario debe solicitar la anulación de la citada prueba testifical. Si existen dudas sobre la Tarjeta de Identidad del Detective Privado, el abogado debe solicitar en el acto del juicio que se aclare esta situación y se remita un oficio a la Jefatura Superior de Policía para verificar si la persona en cuestión tiene o no tiene licencia en vigor para el ejercicio de esta profesión.

10.- Remuneraciones económicas de los Detectives Privados

Los Colegios Profesionales de Detectives Privados y sus Asociaciones de Detectives Privados en España, establecen unas normas orientadoras sobre aquellas remuneraciones que los profesionales reproducen en sus contratos o presupuestos, que en esencia dependen del tiempo empleado en obtener las documentos, testimonios y elementos de prueba, lo que varía en función de las circunstancias de la persona  investigada o actividades observadas. Las cantidades invertidas en la obtención de pruebas mediante este desempeño profesional resultan rentables para la toma de decisiones importantes del cliente y muy útil para el abogado.

"El Detective Privado es el único profesional cualificado para la obtención de datos y pruebas de interés mediante Investigaciones, que aportará y ratificará en los tribunales. "

"Los informes que  realizan estos profesionales son objetivos e imparciales, no estando vinculados por el encargo del cliente."

"El  Tribunal Supremo define  a  los  detectives privados como testigos privilegiados o con documentos".

  El Informe de Investigación.Cuestiones legales.

Se trata de un documento complejo, pero coherente y unitario, verificado con de las máximas reservas, estrictamente confidencial y reservado, dentro del marco normativo de la Ley 23/92 de Seguridad Privada, de fecha 30 de julio, que faculta a los Detectives Privados para “obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados considerando como tales aquellos que afecten al ámbito laboral, mercantil, financiero, económico, etc. Y, en general, a la vida personal, familiar o social...”, estando dispuestos a rectificar cualquier dato cuyo posible error nos fuese debidamente demostrado y a ratificar su contenido ante el Juzgado u Organismo competente.

El conjunto de datos privados e informaciones, documentos, imágenes y registros que lo configuran, así como los facilitados por los Solicitantes, como cualesquiera otros obtenidos como resultado de las investigaciones llevadas a cabo y todo el material adjunto, son custodiados con la requerida reserva y se conservarán  durante no menos de un año y un máximo de cinco, con la única finalidad de quedar a disposición de la persona jurídica que lo promueve.

 En referencia a la utilización de medios técnicos de grabación  y registro de imagen.

· El uso excepcional y limitado de los medios de grabación y el destino de los registros obtenidos, se circunscriben a respaldar su testimonio e intervención de cara a una posible prueba testifical, a esclarecer hechos concretos y determinar el objeto principal y único de la investigación. Por tanto, no son propósito la intromisión en la esfera íntima de las personas, como tampoco lo es la entrega de información al margen, que implique actuaciones o medidas de carácter indiscriminado.

 ·  A lo largo de una investigación, se dispone de tales medios técnicos de un modo selectivo, restrictivo, proporcionado y provisional, considerándose la medida excepcional y circunscrita a los lugares públicos y el tiempo estrictamente necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

 ·  En todo caso, el uso (directo o indirecto) de los dispositivos (cámaras de vídeo y videovigilancia, fijas y móviles) se circunscribe a zonas comunes o de uso público concretas (vía pública, dentro de las empresas, a accesos y sectores de trabajo o almacenaje, que en ningún caso puedan considerarse como de ámbito privado).

 · No se han de realizar gestiones indagatorias, identificación o grabaciones indiscriminadas de terceras personas ajenas a los hechos investigados y como cualquier apreciación al margen, al no constituir objeto de investigación, caso de producirse accidentalmente no se aportan al informe y se destruyen

 · En cuanto a la ausencia de la preceptiva nota de publicidad, el carácter excepcional de la intervención del detective y el uso motivado y restringido de medios técnicos en lugares de consideración pública y destino de sus registros, así como el requerido sigilo y reserva en sus actuaciones,  justifican su omisión, al resultar incompatible la necesaria publicidad con la eficacia de la intervención, no dándose el caso de grabaciones de carácter permanente, no selectivas e indiscriminadas, que pudieran considerarse atentatorias contra los derechos de la persona.

 Al margen de cuestiones generales relativas a la eficacia e idoneidad de la Intervención del Detective Privado, en referencia a la especial atención que requiere el uso excepcional de medios de grabación y de sus registros, fijos o móviles, continuados o esporádicos, cabe citar en cuanto al marco normativo:

En este sentido la función del Detective Privado, regulada por la Ley de Seguridad privada 13/92 y su reglamento, entre otras normas, acepta el uso de medios técnicos no intrusivos como medio de registro y respaldo de las investigaciones llevadas a cabo en el ejercicio de su profesión, siempre y cuando no vulneren derechos de la esfera íntima de la Persona, tales como los Derechos al Honor, la Intimidad y la Propia Imagen, Protección de Datos Privados y otras materias reguladas por normas fundamentales, de rango superior a las que regulan los Delitos Privados, materia jurídica de fondo en la investigación llevada a cabo por este despacho.

“El uso de cámaras o videocámaras no debe suponer el medio inicial para llevar a cabo funciones de vigilancia por lo que, desde un punto de vista objetivo, la utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en todo caso deberá ser legítimo.

En cuanto a la proporcionalidad, pese a ser un concepto jurídico indeterminado, la Sentencia del Tribunal Constitucional 207/1996 determina que se trata de «una exigencia común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, entre ellas las que supongan una injerencia en los derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en particular de las medidas restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el curso de un proceso penal viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.

En este sentido, hemos destacado que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones: «si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)».

Asimismo la proporcionalidad es un elemento fundamental en todos los ámbitos en los que se instalen sistemas de videovigilancia, dado que son numerosos los supuestos en los que la vulneración del mencionado principio puede llegar a generar situaciones abusivas, tales como la instalación de sistemas de vigilancia en espacios comunes, o aseos del lugar de trabajo. Por todo ello se trata de evitar la vigilancia omnipresente, con el fin de impedir la vulnerabilidad de la persona.

Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el deber de información previsto en el artículo 5 de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. A tal fin deberán:

  • Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y
  • Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.
  • El distintivo informativo que tendrá que colocarse en los Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal.

    lugares videovigilados deberá de incluir una referencia a la «LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS», incluirá una mención a la finalidad para la que se tratan los datos («ZONA VIDEOVIGILADA»), y una mención expresa a la identificación del responsable ante quien puedan ejercitarse los derechos a los que se refieren los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

    Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará previamente a la Agencia de Protección de Datos (art. 26 LOPDCP).

    El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos (art. 15 LOPDCP).

    También en la Unión europea ha sido recientemente objeto de discusión, y su fruto ha sido el Dictamen 4/2004 relativo al Tratamiento de Datos Personales mediante Vigilancia por Videocámara”.


    [1] Adecuación al borrador de la nueva Ley de Seguridad Privada


    Nota: los presentes textos han sido desarrollados por el titular del despacho ISDP, en base a su formación, experiencia y conocimientos, así como se inspiran e interpretan textos legales, publicaciones del ámbito del derecho y otras fuentes oficiales relativas al marco jurídico del Detective Privado.